Procuraduría solicitará al Estado
formulación
de Conpes para protección de Salamanca
El Procurador delegado para
Asuntos Agrarios y Ambientales, Oscar Darío Amaya Navas, visitó el Parque Isla
de Salamanca con el fin de revisar las acciones que se desarrollan para
prevenir nuevos incendios dentro de la reserva natural.
El Conpes, formulado por el
Consejo de Política Económica y Social, como máxima autoridad de planeación se
encarga de estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas, a través
del estudio y aprobación.
De acuerdo con el Procurador
Amaya, el documento debe orientarse hacia tres aspectos: primero el
fortalecimiento interno de la institucionalidad. En el caso de Isla de
Salamanca, se trata de un parque que tiene más de 54 mil hectáreas a cargo de
14 funcionarios, más 10 adicionales que se vincularán la próxima semana.
El Procurador reconoce los
esfuerzos de la Unidad
de Parques Nacionales, pero es conciente de que 24 personas no son suficientes
para la gestión de toda el área. “Sería
apresurado decir que se contraten 50 o 60 funcionarios más, porque cada parque
es distinto y las necesidades de atención se deben priorizar de manera autónoma”.
El segundo elemento que se debe
contemplar es el fortalecimiento de la seguridad de los parques, “hemos
conversado con los oficiales de la
Armada y la
Policía , pero muy a pesar de sus esfuerzos, el país en
general dispone de muy pocas unidades militares y de policía para el tema de
los recursos naturales” indicó Amaya Navas.
La formulación de este Conpes la
plantea la Procuraduría
Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, poniendo al
servicio del gobierno nacional, los
insumos que desde la
Procuraduría pueda aportar por la relación permanente con el
tema de Parques Naturales. “Lo que estamos haciendo es solicitarle al gobierno
la necesidad de crear un Conpes para el desarrollo social e integral de los
parques nacionales” puntualizó.
Por último un tercer aspecto que
se solicitará al Conpes, tiene que ver con darle un contenido social a los
parques o áreas aledañas a los parques. En
este sentido, el Procurador delegado se refiere a que se deben promover los
proyectos productivos en las zonas aledañas a parques, pero no dentro del
mismo.
El funcionario manifestó a HOY
DIARIO DEL MAGDALENA, que hay muchas formas de presión sobre los Parques
Naturales, “a la presión que reciben las por cuenta de bandas criminales, los
grupos insurgentes, las guerrillas y delincuencia común, existe además otra
presión que el gobierno no desconoce y es la presión social: los asentamientos
al interior de las zonas de reserva que ven en los parques una oportunidad para
la superación de su pobreza”. De allí se desprende el planteamiento del Procurador
respecto a la implementación de estrategias que permitan disminuir la crisis
social y económica de las comunidades rurales, que ven en la explotación ilegal
de los recursos naturales del Parque Isla de Salamanca, bien sea a través de la
pesca, producción de carbón o aprovechamiento de las tierras; una oportunidad
de subsistencia.
SOBRE LOS INCENDIOS
La preocupación por las quemas
repetitivas y descontroladas dentro del Parque Isla de Salamanca, ocupa no solo
las esferas departamentales, sino también las del orden nacional. El Parque Isla de Salamanca con un área de 56.200 hectáreas ,
conformadas por zonas marítimas, fluviales y otras áreas de terreno firme, se
ha visto muy afectada su zona de manglar y su zona firme por los incendios
forestales.
Ayer durante el recorrido por
los caños que forman parte del área de reserva natural, el Procurador para
asuntos agrarios y ambientales Oscar Darío Amaya, estuvo acompañado de la Procuradora delegada
para el Magdalena, Marlene Cortéz Díaz, el subdirector de Corpamag, Alfredo
Martínez; la directora Territorial Caribe de Parques Nacionales, Luz Elvira
Angarita; la Jefe
del Área Protegida, Patricia Saldaña; la Teniente Coronel
Selva Góngora, comandante € del Tercer Distrito de la Policía y el Teniente
Muñoz de la Armada Nacional.
El objetivo de la visita
fue socializar con el Procurador las acciones que se han implementado durante
las emergencias provocadas por los incendios forestales y las acciones que se
ejecutan actualmente para evitar que se presenten nuevamente.
“Lo que observa la Procuraduría es
evidentemente una gran debilidad institucional, sin demeritar la labor de
Unidad de Parques. Es importante reconocer que en el país hay 58 parques nacionales
que es un gran avance en la declaratoria de zonas protegidas, pero luego en su
desarrollo hay una gran debilidad”.
En el caso concreto de Isla de
Salamanca, Amaya destaca el apoyo de la Policía Ambiental ,
de la Armada Nacional ,
autoridades ambientales y gobernadores de los dos departamentos, para superar las
emergencias. No obstante, señala el Procurador “los errores quedan, por eso nos
parece que los ecosistemas de Parques Nacionales deben ser tratados como un
asunto de Estado, no como un función a cargo de una sola entidad”.
Frente a la recuperación de las
zonas quemadas, Amaya dijo que en muchos casos no tiene sentido destinar
recursos a recuperación de una zona quemada, sino más bien incentivar la
cultura de conservación de los parques. “Cada ecosistema es distinto,
generalmente se recuperan progresivamente con la lluvia, la evapotranspiración,
etc”. Cada parque es distinto, pero se espera que el proceso sea progresivo y
autónomo.
A la Procuraduría le
genera gran preocupación la baja capacidad presupuestal de los parques, ya que algunos
tienen esquemas de financiamiento basados únicamente en las entradas, no
obstante esa fuente y los recursos que provee el presupuesto nacional, “los Parques
Nacionales necesitan un fortalecimiento presupuestal grande y el país tiene que
entender que los parques nacionales son la fuente de riqueza ecológica de un país,
por alguna razón tienen esa connotación” explicó el Procurador. “Hay que
voltear la mirada hacia los parques naturales, buena parte de nuestra riqueza
está en los parques y el presupuesto con
que se manejan hoy esas áreas es muy pequeño frente a las necesidades del país
en materia de desarrollo sostenible”.
MILITARIZACION
En relación a la propuesta de
militarización del Parque Isla de Salamanca, que planten algunas entidades, el
Procurador descarta el término, por considerarlo como una palabra que suena muy
agresiva. “Lo que buscamos es que haya presencia del estado, no solo con fuerza
pública sino con instituciones que promuevan la protección del parque, la
investigación”.
Por mandado constitucional los
parques son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” por ser bienes de
dominio público o extensiones de terreno que pertenecen a la República , pero su uso y aprovechamiento
pertenece a todos los habitantes del territorio.
El Procurador Amaya insiste en
que hay que hacer cumplir ese mandato, y
para eso hay que reforzar la seguridad, la institucionalidad, “no es suficiente
para un parque tan grande que lo cuiden 24 personas, pero también hay que pensar
en la gente que está haciendo presión ilegal porque allí deben intervenir los
organismos de control para evitar la presión social”
PUERTO SITIONUEVO
La propuesta que presentó el
municipio de Sitionuevo a Corpamag, para la construcción de un puerto marítimo
en una zona que pertenece al Parque Isla de Salamanca, pero que el municipio
considera como parte de su jurisdicción, es otra amenaza que se cierne sobre la
reserva, porque es un intento de sustracción de un área de casi 2.000 hectáreas .
El Procurador Delegado se
refirió al asunto, indicando que “hemos conocido es que hay fuertes presiones
sobre la Isla de
Salamanca, para ocupar un área estratégica entre los departamentos del
Magdalena y Atlántico, como Procuraduría no estamos de acuerdo en que se
modifique el EOT de Sitionuevo y vamos a hacer un detallado estudio de la
solicitud pero estamos en contra de cualquier sustracción del Parque Isla de
Salamanca”.
La presencia de todos los factores que se han señalado a partir de los
primeros incendios provocados, tales como posibles futuros proyectos, o futura
área de expansión de las bandas criminales, o posible zona de tránsito de
narcóticos en la zona, debe llevar al gobierno a revisar esa presión que hay
sobre los parques naturales.